La organización sostiene que los proyectos, que sumarían 36.000 plazas, se sitúan en el límite de capacidad para evitar la autorización ambiental integrada y reclama que se analice su impacto conjunto
Stop Ganadería Industrial ha cuestionado, a través de un comunicado publicado en su página web, la tramitación de dos explotaciones porcinas de lechones en Fraga, cuyas solicitudes de licencia ambiental se publicaron en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 27 de agosto. La organización sostiene, entre otras cosas, que su presentación como expedientes independientes permite evitar una autorización ambiental más exigente y pide al Ayuntamiento de la localidad bajocinqueña y al Gobierno de Aragón que evalúen conjuntamente sus efectos sobre el entorno.
Con toda la documentación sobre la mesa, la cuestión tiene sus aristas. Y es que, aunque Stop Ganadería Industrial exige una autorización conjunta, lo cierto es que los anuncios en el BOA identifican dos sociedades solicitantes y dos emplazamientos diferentes: por un lado, Desarrollos Ganaderos de Aragón II, SLU, solicita una licencia para una explotación con capacidad para 18.000 lechones de entre 6 y 20 kilos en la parcela 29 del polígono 510, mientras que el segundo expediente, tal y como se puede comprobar en la web del Gobierno de Aragón, corresponde a Desarrollos Ganaderos de Aragón, SL, que plantea una explotación de transición de lechones en las parcelas 114 y 115 del polígono 505.
Lo que sí parece estar claro es lo relativo a la capacidad de ambas granjas y su ubicación: según Stop Ganadería Industrial, las dos explotaciones tendrían capacidad para 18.000 lechones cada una y estarían separadas por cuatro kilómetros de distancia.
La controversia sobre las 360 UGM
La mayor controversia parece llegar con la cifra de unidades de ganado mayor (UGM) por instalación: los anuncios del BOA recogen una capacidad equivalente a 360, que es precisamente la que centra la denuncia de la organización.
Según sostienen, el artículo 47 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón incluye en el régimen de autorización ambiental integrada las explotaciones ganaderas intensivas que superen las 360 UGM. Cada uno de estos proyectos se sitúa exactamente en esa cifra, por lo que Stop Ganadería Industrial considera que se trata de un fraccionamiento destinado a eludir dicho procedimiento, reclamando por lo tanto que se consideren conjuntamente las 720 UGM que sumarían ambas instalaciones.
De hecho, la misma ley establece, en su artículo 7, que fraccionar un proyecto no permite evitar los regímenes de intervención ambiental y que deben acumularse las dimensiones de sus partes. No obstante, los anuncios publicados no permiten determinar por sí solos que estas dos explotaciones constituyan un único proyecto fraccionado.
Lo que acredita el BOA es la tramitación de dos solicitudes de licencia ambiental de actividades clasificadas y hay que recordar que su publicación no supone la concesión de las licencias, ni tampoco equivale a una ausencia de control ambiental. Por otro lado, es necesario aclarar que la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental son instrumentos diferentes.
Agua, purines y proximidad a una zona protegida
Volviendo a las cifras que la organización atribuye a los proyectos, las dos explotaciones consumirían conjuntamente 41,6 millones de litros de agua al año y generarían 14.760 metros cúbicos de purines, con una carga anual de 42.840 kilos de nitrógeno.
La entidad señala también que la instalación prevista en el polígono 510 estaría a 145 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, aunque estos datos no figuran en el BOA.
Llamamiento a presentar alegaciones
Aunque las solicitudes de licencia ambiental hablan de dos granjas y de dos empresas, desde Stop Ganadería Industrial no tienen dudas al afirmar que se debería gestionar una tramitación conjunta, motivo por el que animan a todas las partes presuntamente afectadas por las instalaciones a presentar alegaciones a ambos proyectos antes de que finalice el plazo el próximo 11 de septiembre.
