El reciente apagón eléctrico que afectó a buena parte del territorio nacional podría desencadenar un aluvión de reclamaciones por daños y perjuicios
El apagón del pasado lunes 28 de abril ha supuesto innumerables pérdidas económicas para muchos sectores. En diario Bajo Cinca, siempre que hemos de hablar de temas legales, recurrimos a nuestro partner en tema jurídico de referencia: Heras-Sasot Abogados.
El reciente apagón eléctrico que afectó a buena parte del territorio nacional podría desencadenar un aluvión de reclamaciones por daños y perjuicios. Empresas, comercios y ciudadanos particulares comienzan a plantearse la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, una figura jurídica que permitiría reclamar compensaciones si se demuestra un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Según explican desde Hera-Sasot Abogados, despacho especializado en derecho administrativo, la clave estará en determinar si la causa del corte fue una “fuerza mayor” —lo que eximiría al Estado— o si se trató de una negligencia o fallo en la gestión por parte de entidades como Red Eléctrica.
«La responsabilidad patrimonial exige tres elementos: el daño efectivo, antijurídico, y la existencia de un nexo causal con el funcionamiento del servicio público. Si se dan, el Estado estaría obligado a indemnizar», aclaran desde el despacho.
En paralelo, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para esclarecer si el apagón pudo estar relacionado con un ciberataque, aunque Red Eléctrica ya lo ha descartado en sus primeras declaraciones. La falta de una versión oficial clara ha sembrado incertidumbre entre los afectados, especialmente en sectores como el comercio, la alimentación o la salud, donde las pérdidas pueden ser millonarias.
Organizaciones como CONPYMES estiman que los perjuicios económicos ascienden a varios cientos de millones de euros. “Los seguros del hogar o comercio pueden cubrir parte de los daños, pero si se demuestra una negligencia del sistema eléctrico, el Estado podría ser responsable subsidiario”, afirman desde Heras-Sasot.
Algunos juristas abogan por que el Gobierno adopte una solución política, como la aprobación de una línea directa de ayudas, para evitar la judicialización masiva del caso.
Mientras tanto, los despachos especializados ya preparan reclamaciones individualizadas. «Es crucial recopilar facturas, informes técnicos y pruebas del daño sufrido», recomiendan desde Hera-Sasot Abogados, quienes ya han recibido varias consultas, sobre este tema, para iniciar el procedimiento administrativo previo.
