El nuevo calendario afectará de forma escalonada a PYMES y autónomos. La decisión alivia a muchos, pero también afecta a todos aquellos que ya habían realizado notables inversiones para ponerse al día en 2026
Podía ocurrir y al final se hizo realidad: el Gobierno de España ha decidido posponer la entrada en vigor del sistema Verifactu, que estaba prevista inicialmente ya para el 2025. Según lo aprobado en el último Consejo de Ministros, la obligatoriedad comenzará el 1 de enero de 2027 para empresas y autónomos con una facturación inferior a 6 millones de euros, mientras que el resto de profesionales deberán adaptarse a partir del 1 de julio del mismo año. La medida ya ha sido corroborada por el presidente Pedro Sánchez y forma parte de un real decreto ley destinado a facilitar la adaptación del tejido empresarial, pero que sobre todo se ha orientado a cumplir compromisos políticos con Junts, partido con el que el Ejecutivo quiere restablecer su relación de manera prioritaria.
¿Por qué Verifactu ya no llegará hasta 2027?
Más allá de cuestiones diplomáticas entre partidos políticos, el Gobierno ha enarbolado las dificultades técnicas detectadas en la fase previa de implementación para justificar la prórroga. En este sentido, lo cierto es que muchas pequeñas empresas y autónomos habían alertado de la falta de tiempo para adecuarse a los nuevos requisitos tecnológicos, así como del coste que suponía dicha transición. Paralelamente, varias organizaciones representativas, como ATA o UPTA, habían solicitado formalmente un aplazamiento al considerar que la inseguridad jurídica y los cambios de plazos estaban generando serios problemas operativos.
Muchas PYMES y autónomos sí que estaban listos para la facturación electrónica
Según diversos estudios disponibles al respecto, la realidad es que, actualmente, el nivel de implantación es realmente bajo, a pesar de que 2026 era una fecha clave para el despegue. Según el Observatorio TeamSystem, elaborado por Ipsos, a mediados de noviembre de 2025 únicamente un 8% de pymes y autónomos había completado la implantación del sistema Verifactu, mientras que un 15% estaba en proceso de adaptación. Otros informes independientes también coinciden en que la implantación apenas alcanzaba el 8% del tejido empresarial a menos de dos meses del plazo inicial.
Con el nuevo plazo, el Ejecutivo busca asegurar una transición más ordenada y evitar incidencias asociadas a una implantación precipitada. La prórroga permitirá a muchas empresas y profesionales adaptar sus sistemas con mayor margen, algo que sí habían hecho ya ese pequeño porcentaje de PYMES y autónomos que, conscientes de lo constreñido del calendario, incluso habían realizado notables inversiones. No obstante, la buena noticia para ellos es que ahora pueden decir que son unos adelantados a su tiempo.
